¿Es un privilegio ser aforado?

Artículo para la revista Maig

Aforado, la típica palabra que sale cuando se le engancha a un ladrón de la política con sus corruptelas. La ciudadanía relaciona directamente la palabra aforado con chollo, impunidad y salir de rositas ante las imputaciones judiciales. Pero qué tiene de verdad eso? Es un privilegio? Analicémoslo desde una perspectiva estrictamente jurídica.

El aforamiento es una protección reforzada a los diputados y senadores que pretende evitar la confusión entre la responsabilidad política y la penal de sus actos. Esto se traduce en que han de ser juzgados por los Tribunales de Justicia de las comunidades autónomas para los diputados de las cámaras autonómicas, y el Tribunal Supremo para los diputados y senadores estatales. La primera consecuencia es que el aforado juzgado no tiene derecho a apelación ante un órgano superior, ya que precisamente lo ha juzgado el superior. El aforamiento se extiende también tanto en el ámbito civil como en el penal, pero es en este último donde encontramos la segunda gran particularidad importante; en un proceso penal para los aforados se atenúa el principio de imparcialidad del juez, esto significa que la instrucción del caso (investigación, recogida de pruebas, aplicación de medidas cautelares, etc…) la tiene que hacer un juez distinto del que juzgará y dictará sentencia. Es lógico, supongamos que un juez de instrucción adopta la medida cautelar más grave, que es el ingreso provisional en prisión, esta decisión puede influenciar mucho a la hora de absolver si fuese el caso en la sentencia. Pues cuando se trata de un aforado es cierto que la sentencia la hará otro juez distinto del que ha instruido, pero este será del mismo órgano (TS o TSJ), es decir, un compañero de trabajo, poniendo en serias dudas el principio de imparcialidad del juez.

Hecho este repaso, nos damos cuenta de que el aforamiento tan solo trae inconvenientes al afectado: no se puede apelar y el juez que dicta sentencia es menos imparcial. Cerremos ahora los libros de derecho y abramos la ventana, y alguna cosa no cuadra; si el aforamiento es negativo, por qué todos los políticos que están hasta el cuello de corrupción bendicen su condición de aforados? Por qué cuando el Rey abdica el bipartidismo se apresura a aforar al Juan Carlos? Y aquí está el problema de verdad, en el sistema judicial de este país cuanto más alta es la instancia judicial queda más influenciada por el poder político. En órganos como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, por no hablar del Tribunal Constitucional, la independencia judicial es un simple chiste; todos los corruptos están satisfechos de ser juzgados por estas instancias a pesar de no tener derecho a recurrir una sentencia que les condene. Quizás por eso Urdangarín seguramente esté más preocupado, él no es aforado y ha instruido su caso un juez de instrucción en primera instancia, tiene motivos por los que preocuparse pues lo más normas es que los “jueces rasos” sean más independientes.

¿Solución? Difícil, porque aquí todos han comido del mismo pastel, sobre todo en los aforamientos autonómicos que quedan regulados en los estatutos de autonomía de cada comunidad. Evidentemente hace falta una decisión política valiente y sacar de la Constitución esta figura para los parlamentarios, ya que a día de hoy es irrenunciable la condición de aforado. Si queremos una justicia independiente y coherente, la opción debe ser clara: cero aforamientos en el poder legislativo y ejecutivo. Pero por ahora será difícil encontrar cambios sustanciales por parte de unos partidos gobernantes que podrían formar grupos parlamentarios propios con sus imputados en corrupción…