¿Tienen que pagar los padres las multas de los hijos?

Hago esta entrada a raíz de una petición que me han hecho para asesorar sobre una multa por llevar una navaja en la vía pública. El implicado es menor de edad, y en tanto que el motivo de la sanción no generaba dudas en su estricta legalidad, pensé en la salida que pudiese tener por sus características tan habituales en la juventud de este país: sin trabajo, y en consecuencia obviamente sin bienes a su nombre y con la cuenta bancaria tiritando. Pensé en aconsejarle la vía de la insolvencia, pero he tenido en cuenta la posibilidad de que la Administración pueda reclamar la cantidad a sus padres (en su caso no trabajan pero tienen bienes). Por lo tanto era de especial transcendencia saber si responden subsidiariamente los padres cuando un menor de edad es sancionado por la vía administrativa, es decir, en definitiva si los padres tienen la obligación legal de pagar las multas que les ponga la policía a menores de edad. Por tal de ser breve, en el texto utilizo la palabra “padres” para referirme genéricamente a los progenitores, tutores, acogedores y guardadores legales y de hecho.

Anticipo ya la solución (para los que no quieran leer el texto entero): no, casi nunca lo tendrán que hacer; sólo si en la Ley que se les aplica se prevé así específicamente. He puesto Ley en mayúscula para resaltar que debe de ser una norma con rango de ley la que prevea trasladar la responsabilidad a los padres en caso de impago del menor.

Primero debemos aclarar sin confusiones de qué estamos hablando y sobretodo de qué no estamos hablando. Cuando hablamos de sanciones administrativas (más vulgarmente conocidas por multas) son el reproche que nos impone la Administración ante una conducta prohibida por el ordenamiento jurídico; se traducirá casi siempre en una sanción pecuniaria. La primera diferencia (y de lo que no entro en este texto) hay que hacerla con el reproche penal por la comisión de delitos y faltas por parte de los menores; éstas en ocasiones pueden acabar por sentencia firme en la imposición de una multa económica, pero hay que distinguir bien la “multa administrativa” de la “multa penal”, es esencial porque la sanción penal se caracteriza por ser la única que puede privar de libertad al sujeto, y el impago de la “multa penal” de un menor se puede traducir en el ingreso en un centro penitenciario. 

Tampoco hablamos de la responsabilidad civil por daños provocados por un menor de edad. En este caso, aplicando el art. 1903 CC, la responsabilidad la asumen los padres en tanto que son los que deben vigilar que el hijo no provoque los daños. Además la jurisprudencia [1]es tan estricta que es rarísimo encontrar una exoneración de los padres por haber tenido la diligencia adecuada sobre su hijo, hasta el punto de traducirse en una objetivación en la presunción de culpa de los padres. 

La cuestión a discutir en este texto se basa en la sanción como tal, es decir, la cantidad económica que nos impone la Administración por un hecho prohibido, al margen de los daños que se haya ocasionado con esa conducta. Pongamos un ejemplo muy gráfico; un menor de edad utiliza un arma para romper el cristal de un escaparate, vamos a suponer que el hecho no es delictivo, pero deberá pagar la multa por utilizar el arma y como responsabilidad civil la reparación del cristal dañado. Ambas se traducen en cantidades económicas, pero su naturaleza y finalidad es completamente distinta y también lo será la posibilidad de derivar la asunción de las cantidades a los padres cuando el que lo provoca es menor de edad.

En la sanción administrativa no puede faltar ninguna garantía constitucional, entre ellas y la que nos importa aquí es el principio de personalidad de las penas, bajo el cual al sujeto se le condena por los hechos cometidos por él, y no puede trascender de su persona; la consecuencia de ello es que no tendría cabida hacer pagar a los padres la multa que se le ha impuesto al hijo en el caso que no la pagase. 

Contra esta interpretación de la cuestión más dogmática hay el art. 130.3 de la LRJPAC[2], que en su segundo párrafo dice de forma un tanto confusa:

Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo determinen las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores. 

¿Significa esto que los padres deben asumir las multas impagadas de los hijos? La jurisprudencia ya se ha determinado en cómo debe interpretarse este precepto y qué encaje debe tener con el principio de personalidad de las sanciones. Hace una lectura de la literalidad del mismo, y especifica que “cuando así lo determinen las leyes reguladoras”, éstas tienen la exigencia de ser normas con rango de ley. Esto significa que la previsión en una ordenanza municipal de la responsabilidad subsidiaria de los padres será siempre nula de pleno derecho (por lo tanto también las sanciones remitidas a los padres). Este es el supuesto de la STSJ de Catalunya 670/2011 de 30 de septiembre[3], y el tribunal acaba retirando en una cuestión de ilegalidad el artículo de la ordenanza que preveía la responsabilidad subsidiaria de los padres. Otros ejemplos de sentencias que se decantan sobre la misma cuestión en el mismo sentido son STSJ de Catalunya 8 de noviembre de 2006[4], y de 23 de noviembre de 2009[5].

Pongamos algún ejemplo donde se produce esta remisión de la responsabilidad a los garantes (y citados en las anteriores sentencias) en normas con rango de Ley;  el art. 69.1b de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial [6]dice: 

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores.

La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta

La misma sentencia pone el ejemplo contrario, la inexistencia de desplazamiento de la responsabilidad a los padres en la Ley de Seguridad Ciudadana[7]; esta aclaración en nuestra jurisprudencia es importante, no sólo porque me resuelve el caso concreto que tengo entre manos, sino por la gran cantidad de multas que se ponen en aplicación de esta ley a menores de edad: consumo y tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública o portar armas como navajas y similares son bastante habituales entre la juventud. Aunque hay que añadir que el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (de la que he hecho amplios comentarios en este blog) prevé la responsabilidad solidaria de los padres, por lo que poco le queda a la ausencia de responsabilidad subsidiaria de los padres si la acaba aprobando el gobierno. 

Aclarada la imposibilidad jurídica de que asuman los padres la sanción, me queda tan sólo advertir que la insolvencia del menor de edad no es un camino de rosas, pues como se dice muchas veces, la Administración acaba cobrando tarde o temprano. En el supuesto de un joven sin dinero, sin trabajo y sin bienes tiene el riesgo de que la Administración le embargue el sueldo si tuviese la suerte de encontrar algún empleo, además de los abultados intereses por el retraso del pago que se suelen cobrar. La única vía para librarse sería la prescripción de la reclamación de la deuda por parte de la Administración; los plazos se regulan en cada ley por la que se impone la sanción, o en su ausencia en el art. 123 de la LRJPAC: 3 años para infracciones muy graves, 2 para las graves y 6 meses para las leves.

En definitiva, si la administración es lo bastante eficaz la sanción acabará siendo cobrada, y en estos tiempos de crisis falla muy poco cuando se trata de cobrar. Desde luego el objetivo de esta texto no es dar un mensaje de impunidad a los jóvenes sin ingresos, sino una escapatoria a los padres que de forma muy habitual, poco o nada pueden hacer sobre la conducta de sus hijos expuestos continuamente a sanciones.  

· Añadido: otras sentencias que anulan artículos de traslado de responsabilidad por no tener rango de ley, en este caso de la ordenanza de Valladolid: SSTSJ Castilla y León 2169/2006, de 5 de diciembre y 2247/2006, de 15 de diciembre.

· Segundo añadido: El art. 130.3 LRJPAC que se cita en el texto ha sido substituido por el art. 28.3 y 28.4 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. En esencia no modifica nada de lo que se dice en el texto, mas al contrario, clarifica que debe ser una norma con rango de Ley la que desplace la obligación. 

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[1] Algunos ejemplos: STS 15 de febrero 1975, STS 22 de abril 1983, STS 4 de mayo 1984, STS 7 de enero 1992.

[2] Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

[3] JUR\2011\404929

[4] PROV 2007, 140120

[5] RJCA 2010, 345

[6] RDL 339/1990, de 2 de marzo

[7] Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.