Recurso de multa de un semáforo foto-rojo y mi derecho a pataleta

Cuelgo el recurso que realicé a un familiar mío que fue multado por un semáforo foto-rojo. Lo hago porque estoy bastante cabreado de que ciertos ayuntamientos hayan descubierto la gallina de los huevos de oro con un sistema opaco, poco garantista y que se nutre del “sale más caro recurrir que pagarla”. Quede claro antes de nada una cosa, y es que en grandes ciudades es un verdadero problema de seguridad vial los que apuran el cambio de fase del semáforo, y entiendo proporcionado que se hagan fotografías. Pero lo que estamos viendo cada vez en más pueblos son intersecciones de callejuelas de poco tránsito con semáforos de un ámbar cortísimo en pueblos pequeños y a recaudar…

Déjenme que les explique cómo funciona la cosa; son empresas privadas que se reúnen con el alcalde de turno y le ofrece un suculento negocio: preparar un concurso público, convenciendo que “los del pueblo se acostumbran rápido, la mayoría de sanciones son para los de fuera”, pues los alcaldes codiciosos saben de sobra la impopularidad de estas medidas. En un pueblo de mi comarca ganó el concurso una empresa porque además regalaba un radar móvil a la Policía Local. A partir de aquí, van a porcentaje entre el Ayuntamiento y la empresa, que se encarga del mantenimiento de la máquina, el envío de multas (que curiosamente utilizan empresas de mensajería privadas, así que bravo por la defensa de lo público de estos alcaldes), y los recursos.

En mi caso fue el Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles, municipio que ya tiene el honor de ser en la provincia el que más multas pone por habitante. Comentándolo con varios amigos, todos me indican que el problema es el semáforo del pabellón, ya que por lo visto en el resto de semáforos foto-rojo del municipio apenas hay sanciónes. Grabé cuánto dura el ámbar y os lo adjunto en vídeo más abajo. Recurrí la multa en vía administrativa, y me enviaron hace poco la respuesta: a primera vista parecía seria la respuesta, sin embargo al leer ya pronto vi que utilizan el mismo modelo para todo el mundo, digas lo que hayas dicho en el recurso: vale que la Administración actúe como juez y parte en vía administrativa, pero de ahí a tomarnos el pelo ya va un trecho. Lo cierto es que en mi caso han ganado; lógicamente advertí a mi familiar del riesgo en incurrir en costas de la vía judicial (pueden ir de 300 a 1.000€ para una sanción de 200€) y acabará pagando la sanción. Eso sí, me queda el derecho a pataleta que escupo en mi blog.

Resumo primero los cuatro motivos que formulé por tal de anular la sanción, y luego le añado lo que me han respondido; el modelo por si os es útil lo dejo al final de todo de la entrada.

El primer motivo que alego es indefensión porque no me dieron acceso al expediente; una auténtica odisea administrativa de ventanilla en ventanilla: todos me remitían a las fotografías que cuelgan en la web que han creado expresamente para ello. ¿pero acaso es eso el expediente? Total, todo eran trabas: de una ventanilla a otra, sólo puede el sancionado (era en agosto y estaba de vacaciones), tiene que ser pedido por escrito. A día de hoy todavía no he conseguido el expediente, pero miraré de conseguirlo igualmente aunque la haya pagado (entre otras cosas porque aún podría cambiar de opinión, hay dos meses para recurrir, aunque la haya pagado). En definitiva, el no acceso al expediente considero que constituye una indefensión intolerable quede por si sola debería de comportar la nulidad de la sanción. En la respuesta que me han dado del recurso, de este primer motivo no dicen ni mu…

El segundo motivo es la falta de control metrológico. Me remito a lo que pone el modelo de más abajo en el argumento. ¿Y qué me responden? Primero se saca de la manga que tiene presunción de veracidad la denuncia de un agente que no estaba en el lugar y momento de los hechos, sorprendente desde luego… Y aquí continúa con una parrafada tratando de justificar que no requieran control metrológico, y para tratar de justificarlo, incluye una sentencia de primera instancia de otro municipio (SJCont. Adm.  nº 9 de Barcelona nº 219/15, de 20 de julio de 2015) en la que no discute el fondo del asunto (niega su necesidad en tres líneas). Les importa un pepino que el Tribunal Supremo haya unificado doctrina indicando que sí se requiere control metrológico y que se lo haya puesto en el recurso: mismo modelo de respuesta para todos y se quedan tan anchos. Luego añaden que aunque no se requiera, que ellos lo tienen y que figura en el expediente: sí ese expediente que nadie sabe dónde está.

El tercer motivo que alego es sencillo: todas las fotos del coche con matrícula que hay es con el semáforo ya rebasado, de forma que no pueden acreditar que lo haya saltado. En la respuesta del recurso dice en una línea que “se ve clarísimamente como se salta el semáforo”. En fin… aquí reconozco que tuve que ser original, pero no por ello que no tenga razón: si el policía no está en el lugar y momento de los hechos, la captación tiene que acreditar al 100% la infracción, y a mi juicio no lo hace.

El último se basa en la poca durada de la fase ámbar como videncia del afán recaudatorio del Ayuntamiento. Cabe decir que no hay mínimo legal que establezca lo que dura el ámbar, pero no conozco ningún municipio que baje de los 3 segundos. Además en caso de vacío legal debe imperar el sentido común, y encontré que la prensa se hizo eco de una sentencia en Madrid en la que anulaba una sanción por durar 3 segundos. No pude encontrar la referencia exacta de la sentencia (así que a ver si me ayudan a encontrarla), pero es irrelevante: en la respuesta que me han dado no dice absolutamente nada sobre eso.

En definitiva, todo un sistema de recaudación con prontopago para que no recurras, con riesgo de ser condenado en costas si llevas al juzgado la respuesta a un recurso que ni se han leído. Qué nos queda? En mi caso no sé si habrá muchos lectores de mi blog de Sant Fost de Campsentelles, pero quiero acabar mi derecho a pataleta pidiendo que ni un voto en las municipales vaya a alcaldes que utilizan este método recaudatorio tan poco garantista. Por cierto, la movilización ciudadana también es un buen camino; por ejemplo en Les Franqueses ya existe una asociación de afectados. Que cunda el ejemplo. Os dejo con el recurso que puse, quizás a alguien le sea útil si su Ayuntamiento se digna a leerlo. En todo caso, el juez seguro que se lo leerá si es en una demanda, así que mucha suerte para el que decida llevarlo a la justicia.

Recurso de alzada a la denuncia por infracción de circulación con número de expediente XX/CFXXXXX

Yo, Pepito de los Palotes, con DNI XXXXXX y domicilio a efectos de notificación C/ Rosa Luxemburg  nº 100 de Stalingrado, formulo recurso de alzada ante Alcaldía, órgano superior del sancionador (3º Teniente de alcalde y Regidor Delegado de Vialidad) del Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles.

Se insta recurso de alzada dentro de los 20 días naturales siguientes a la recepción de la denuncia, que fue notificada el 11 de agosto de 2016, haciendo entrega del recurso en oficina de correos el 25 de agosto de 2016.  

La denuncia tiene las siguientes referencias:

Fecha: XXXXX

Registro de salida: XXXXXX

Nº de documento: XXXXXXXX

Asunto: Notificación de denuncia por infracción de circulación

Número de expediente: XXXXXX

Se solicita la revocación del acto que sanciona por no respetar la luz roja del semáforo situado en Sant Fost de Campsentelles en base a los siguientes Fundamentos de Derecho:

PRIMERO: Toda sanción administrativa debe estar configurada en base a un expediente. El art. 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC en adelante) dice:

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

a)     A conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesado, y obtener copias de los documentos contenidos en ellos.

En el presente procedimiento, lo primero que realicé es consultar la fotografía de la infracción que expone en la propia denuncia en la página web http://orgt.diba.cat, en la cual se indica en el propio pie de fotografía que la única fotografía que figura no tiene por qué coincidir con la que figure en el expediente.

En mi intento de consultar el expediente me dirigí a la Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Fost de Campsentelles el viernes 12 de agosto, donde me facilitan un documento indicando la dirección donde se puede consultar las fotografías del semáforo, siendo esta http://transit.santfost.cat/Santfost/santfost.dll, y me indican que el expediente lo tiene la Policía Local. En esta página aparecen 5 fotografías, sin hacer referencia alguna al expediente.

Por tal de poder hacer las presentes alegaciones con garantías de conocer exactamente los cargos de prueba que hay detrás de la denuncia, me dirigí esa misma tarde a la comisaría de la Policía Local para consultar el expediente, estando la misma vacía.

Hice un segundo intento de consultar el expediente el sábado 13 de agosto de 2016 a las 19:00h aproximadamente. En la comisaría había una Agente de la Policía Local que me indica que el expediente es la propia denuncia que me habían notificado, y me aconseja aprovechar el pronto-pago. Ante mi insistencia, ya que al parecer la agente confundía la denuncia con el expediente, me indicó que acudiese el martes 16 de agosto por la mañana, que encontraría al Agente que se encarga del asunto del semáforo.

Acudí tal y como me indicó la Agente la mañana del día 16, en la que la comisaría estaba de nuevo cerrada y sin nadie que atendiese el interfono. Ante tal circunstancia me volví a dirigir a la Oficina d’Atenció Ciutadana, pidiendo el expediente y que ya había hecho tres intentos de consulta ante la Policía Local. En esta ocasión me indican que el Organisme de Gestió Tributària está de vacaciones y me remiten a la oficina de de este organismo a Montmeló.

Tras este periplo por consultar el expediente, en la Oficina de Gestió Tributaria de Montmeló me indican verbalmente que en el expediente lo único que figura es la infracción “No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell no intermitent d’un semàfor” y la identificación del conductor que realizó mi mujer hacia mí (ya que el coche está a su nombre). No me facilitan copia del expediente a pesar de haberla solicitado.

El acceso al expediente, con su oportuna copia constituye un derecho básico del sancionado que en este caso se ha incumplido. Este derecho no es meramente enunciativo, sino que es la base para el sancionado para poder hacer las oportunas alegaciones con las garantías exigibles en el derecho sancionador. Me produce total indefensión desconocer si la prueba de la infracción consiste en una fotografía, en 5, en 10, en un vídeo, o si la máquina fotográfica ha superado los controles metrológicos, porque nada de ello aparece en el expediente, y lo que no figura en el expediente sancionador no puede ser constitutivo de prueba. Además, si no conozco desde un primer momento los cargos de prueba que hay en contra de mi conducta, puede dar pie a que la Administración vaya elaborando la prueba en función de las alegaciones que yo haga, lo que sin lugar a dudas constituiría una quiebra de garantías. En este sentido, es doctrina asentada por nuestros tribunales que para admitir la prueba en un futuro procedimiento contencioso-administrativo debe estar realizada con todas las garantías en su realización en el procedimiento administrativo previo, excluyendo las que hayan causado indefensión; así la STSJ de Valencia nº 106 de 3 de febrero de 2009 (rec. ap. nº 591/2007) dice en un caso donde la única prueba de cargo es una testifical en la que no intervino el sancionado: “Es en el procedimiento disciplinario donde la Administración debe probar los hechos que se imputan y permitir que el funcionario ejercite su derecho de defensa y si este se vulnera generando indefensión no puede pretender subsanarlo en vía judicial”. En el supuesto que se discute en este recurso ni si quiera existe la prueba en el expediente, ausencia que del mismo modo que reza la sentencia, no podrá ser subsanada en vía judicial.

En conclusión, al impedir el acceso a copia del expediente, y del acceso al mismo que he podido tener no figura fotografía ni video alguno como prueba de la infracción, la sanción debe ser revocada por no tener carga probatoria alguna.   

SEGUNDO: En caso de que sea desestimado el anterior fundamento de derecho, y en consecuencia la Administración dé por válidas como pruebas las 5 fotografías que figuran en la página web (a pesar de que no figuran en el expediente), la sanción debe ser igualmente revocada debido a que el sistema de captación de imágenes del semáforo no ha pasado el control metrológico obligatorio que preceptúa el art. 83.2 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,  controles que son desarrollados por la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología y su normativa de desarrollo.

Es evidente que en la presente sanción el Agente denunciante (nº XXXX) no estaba en el lugar y el momento de los hechos, sino que se hace valer del sistema de captación de imágenes del semáforo. Para suplir la presunción de veracidad del Agente, el Tribunal Supremo ya se ha determinado recientemente en la Sentencia de 12 de noviembre de 2015 (rec. cas. 816/2015) aclarando que sólo será válido como medio de prueba la captación de imágenes si éstas han superado los controles metrológicos de la Dirección General de Tráfico, dado que es un instrumento que realiza mediciones temporales en coordinación con las luces del semáforo.

Dicho esto, ni en el expediente ni en la denuncia que se me ha notificado figura la referencia del Certificado de verificación periódica del Centro Español de Metrología que la máquina de captación de imágenes debe haber superado. Pues aunque lo hubiese pasado, es obligatorio, precisamente para suplir la presunción de veracidad del agente, que se indique en el expediente y en la denuncia ese control, del mismo modo que se incluye cuando se sanciona a un conductor mediante radar por haber superado el límite máximo de velocidad.

Ante la falta de presunción de veracidad de los hechos relatados en la denuncia, la sanción debe ser revocada.

TERCERO: Si fuesen desestimados los dos anteriores motivos, y la Administración considere que es válido como carga de prueba el expediente obrante y son ajustados a derechos los controles metrológicos de la máquina de captación en la que se funda la prueba (a pesar de no constar ni en expediente ni en denuncia), solicito que sea revocada la sanción por inexistencia de infracción.

Tomando como base probatoria de la infracción las 5 fotografías que figuran en la web http://transit.santfost.cat/Santfost/santfost.dll, se procede a un análisis detallado de las mismas:

En la primera fotografía aparece un vehículo en la parte inferior de la foto que no es el mío, sin que se pueda identificar qué vehículo es ya que la fotografía no capta la matrícula del mismo. La segunda fotografía aparece mi vehículo con el semáforo en rojo y la rueda delantera sobrepasando la línea de detención, es decir, con toda la parte delantera del vehículo habiendo rebasado tanto la línea de detención como el propio semáforo. El resto de fotografías aparece mi vehículo varios metros después de la línea de detención con el semáforo en rojo.

Pues bien, en las pruebas por las que se hace valer la Administración para sancionar, en ninguna de las fotografías se puede identificar mi vehículo antes de sobrepasar el semáforo en rojo. Dicho de otro modo, de la segunda a la última fotografía en todas ellas el vehículo ya ha rebasado la línea de detención y el semáforo, siendo obligatoria la detención del vehículo ante un semáforo en rojo cuando el mismo se encuentra antes de la línea de detención. La segunda fotografía es la más cercana a lo que la Administración considera que se ha sobrepasado el semáforo en rojo. Sin embargo, para rebasar la línea de detención, es suficiente con que una parte del vehículo lo haya hecho, en consecuencia la obligación de detenerme ya no regía en el momento en que se dispara la fotografía, dado que el semáforo ya había sido rebasado. Esta interpretación de cuándo se considera rebasada la línea se aplica a diario en los exámenes para la obtención del carnet de conducir; si ante un semáforo en rojo un vehículo se detiene en el mismo lugar donde está el vehículo en la segunda fotografía, suspendería el examen por haber rebasado la línea de detención. En mi caso, al haber pasado por la línea de detención en ámbar, constituyendo un grave peligro detenerme en ámbar con un frenado brusco para los vehículos que me seguían, y tomada la fotografía con el vehículo ya rebasado la línea de detención, el paso por el semáforo se hizo conforme a legalidad. 

En cuanto a la primera fotografía, la Administración no pude probar con esa imagen que sea ese mi vehículo ya que no figura la matrícula del mismo, de modo que no puede quedar fehacientemente acreditado que mi vehículo hubiese rebasado el semáforo. Así y como quiera que al Derecho Administrativo Sancionador, por su especialidad, le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad del principio de presunción de inocencia. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 de 26 de abril considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”. De acuerdo también con este principio, el art. 137.1 LRJPAC establece que “Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”.

En el caso que nos ocupa, no existe prueba de cargo que evidencie de forma clara e indudable que mi vehículo sobrepasase en rojo el semáforo, por lo que en aplicación del principio de presunción de inocencia la sanción debe ser revocada.

CUARTO:  Si la Administración considerase desestimados los anteriores motivos, y aún con los motivos esgrimidos considerase que sin ningún género de duda ha habido infracción, la sanción debe ser revocada porque responde a una finalidad meramente recaudatoria y no de seguridad, tomando como base para este argumento la escasa duración de la fase ámbar del semáforo.

Así, los tribunales ya han anulado varias sanciones por este mismo motivo. Sirva de ejemplo la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Madrid de febrero de 2013[1], en la que se solicitó informe a la Dirección General de Tráfico y al Ayuntamiento de Madrid para que indicase si la duración de la fase ámbar era la correcta. La Dirección General de Tráfico respondió “no es posible dar una regla general para todos los semáforos, pero que fases de verde, ámbar y rojo inferiores a 35 segundos o superiores a 150 segundos son de difícil comprensión por el conductor español y por tanto no son aconsejables”. El Ayuntamiento respondió que la fase concreta de ámbar duraba 3 segundos, por lo que ante la desproporción entre el ciclo completo del semáforo, y la corta duración de la fase ámbar, el órgano judicial revocó la sanción.

En el caso del semáforo de Sant Fost de Campsentelles, se adjunta en el presente recurso video titulado “Video 1 fase ámbar” en el que se demuestra que la duración de la fase ámbar ni si quiera alcanza los 3 segundos, siendo en concreto 2’936 segundos. Se realizó grabación de la duración del ámbar y se incorporó un cronómetro a la grabación, para posteriormente repetir lentamente por fotogramas la fase ámbar y descontarlo al tiempo acumulado, dando como resultado que la fase ámbar es de 2’936 segundos. También se incluye como prueba video titulado “Video 2 ciclo entero” en el que se cronometra el ciclo entero: pasa de verde a ámbar en el segundo 24, y no vuelve a estar en ámbar hasta el segundo 114, por lo que el ciclo entero tiene una duración de 90 segundos, es decir, minuto y medio. En conclusión, en un ciclo semafórico de minuto y medio, una fase de ámbar de 2’936 segundos es desproporcionadamente corta, del que al restarle el tiempo de percepción del cambio de color y tiempo de reacción del conductor, se queda en un margen extremadamente corto de reacción para cualquier conductor medio.

Una fase de ámbar tan reducida responde de forma indudable a una finalidad recaudatoria por parte del Ayuntamiento y no de seguridad, alejándose de la finalidad que tiene el derecho sancionador. Si la intención del Ayuntamiento es evitar infracciones y que los vehículos no sobrepasen en rojo el semáforo, es de sentido  común que haya una fase ámbar más prolongada, al menos de 3 segundos como en Madrid, incluso 4 o 5 tal y como hacen otros municipios con el mismo sistema (por ejemplo en Les Franqueses del Vallès, donde dura 4 segundos). Lejos de ello, el Ayuntamiento está recogiendo cuantiosos beneficios del sistema recaudatorio, hasta el punto de ser de los 10 municipios de toda España con mayor recaudación en proporción a su población, tal y como se hace eco la prensa[2]. El propio hecho de que un porcentaje de la sanción se la lleve Vial Trànsit Control S.L., ganadora del concurso público y empresa que lleva el mantenimiento de la máquina que realiza las fotografías, por propia definición de la forma societaria es una empresa con ánimo de lucro que se nutre a costa de la potestad sancionadora del Ayuntamiento, da lugar a que la ciudadanía se cuestione la fiabilidad de un sistema en el que cuantas más sanciones haya, más gana la empresa que constituye la prueba.   

Con esta prueba que se aporta, se evidencia que el margen de la fase ámbar es extremadamente corto para el común del ciudadano medio alejándose de la finalidad de seguridad, siendo lo que prima la finalidad recaudatoria, motivo por el cual se solicita la revocación de la sanción.

Expuestos todos estos motivos, se ruega a Alcaldía de Sant Fost de Campsentelles que estime cualquiera de los motivos que se ha alegado, y en consecuencia revoque la sanción impuesta, y en caso de ser desestimado alguno de los motivos que lo haga de forma motivada y en adecuación a derecho. 

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[1] Resolución de la que también se hizo eco la prensa: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/27/madrid/1361983133.html

[2] http://www.abc.es/economia/abci-municipios-mas-recaudan-multas-y-cebos-para-conseguirlo-201602242121_noticia.html