El
presente texto viene motivado por mi asistencia a la ponencia “Las
últimas reformas de la pensión de jubilación: el impacto del
factor de sostenibilidad” a cargo de la Dra. Carolina Gala Durán,
en la Universitat Autònoma de Barcelona el 10 de abril de 2014
Es uno
detrás de otro, y cada Consejo de Ministros nos viene un nuevo
mordisco al estado del bienestar social que se cae como un castillo
de naipes. Sin embargo, uno de los más feroces ataques al bienestar
y que apenas ha suscitado respuesta ciudadana ha sido la reforma de
las pensiones. Esta reforma se ha articulado en dos ejes: la ley
27/2011 de reforma de las pensiones, que alarga progresivamente la
edad de jubilación a los 67 años a la vez que dificulta la
prejubilación, y la Ley 23/2013 en la que se modifica el índice de
revalorización de las pensiones. El presente texto no pretende ser
un exhaustivo análisis de estas reformas sinó aportar unas
reflexiones al mazazo en toda regla que se le ha dado a las
pensiones.
La ley
27/2011, de 1 de agosto, dificulta notablemente la jubilación
anticipada, con descuentos del 8% anual de la prestación, y con unos
cuoficientes más reducidos en función de los años cotizados, del
7% y del 6,5% siendo el mejor régimen, prácticamente inasequible
por ningún mortal, ya que se requieren 44 años y 6 meses como
requisito: significaría que hay que empezar a trabajar con 16 años
a tiempo completo, no pudiendo llegar a los 4 meses de interrupción
hasta la jubilación.
En
referencia a la prejubilación involuntaria se requiere un periodo
inferior, 33 años de cotización además de haber estado 6 meses
inscrito como demandante de empleo. Pero para acceder a la jubilación
anticipada involuntaria la ley prevé causas tasadas a númerus
clausus: por causas económicas, despido colectivo, por víctima de
violencia de género, etc...
Nos llama la
atención que el régimen transitorio sobre las prejubilaciones que
debía entrar en vigor el 1 de abril de 2013 fue suspendida durante 3
meses por el Real Decreto Ley 29/2012; los motivos que se alude en la
exposición de motivos es la sostenibilidad del sistema, nada más
lejos de la realidad de aquel momento, en el que todavía no se
habían culminado las prejubilaciones de los consejeros de banca
rescatada con dinero público; una prórroga del régimen antiguo que
ha supuesto que conserven entorno al 20% de la jubilación de estos
altos directivos.
Por último,
en consonancia con el objetivo de alargar la vida laboral, se
endurecen los supuestos de jubilación forzosa y se eliminan dichas
cláusulas de la negociación colectiva.
La segunda
parte de la reforma se hace con la Ley 23/2013, de 23 de diciembre
(igual que la anterior ley, se legisla esta materia cuando la mayoría
de la ciudadanía disfruta de vacaciones), reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de
Pensiones de la Seguridad Social. El objetivo de esta ley es simple y
llanamente el recorte del coste de las pensiones para la Seguridad
Social, en consonancia con el nuevo art. 135 CE y la LO 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria. En este caso, se prevé su aplicación
para a partir del 1 de enero de 2019 en las nuevas jubilaciones,
aunque ya se está aplicando los rangos de revalorarización anuales.
Esta
reformulación supondrá el empobrecimiento de 9 millones de
pensionistas, pues el propio gobierno prevé un ahorro de 33.000
millones de euros hasta el 2022. Los datos desmienten el repetido
argumento de que suponga demasiado gasto: en España el pago de las
pensiones supone un 10% del PIB mientras que en el resto de Europa es
de un 14% de media. Si bien es cierto que en el resto del continente
también se están haciendo reformas, estas van por la linea de
conseguir otros ingresos (persecución del fraude, por ejemplo), o en
materia de pensiones, es muy cuestionable en el siglo XXI la pensión
de viudedad (será difícil encontrar algún político que se atreva
a tocarla, pero no por ello deja de ser coherente, pues se podría
modificar en favor de la genérica salvo casos muy concretos). Además
hay que añadir la gran incertidumbre que supone el nuevo cálculo,
pues este depende de factores políticos cuando antes se basaba
exclusivamente en las bases de cotización.
Resulta
paradójica la exposición de motivos que se desprende del Informe
del Comité de Expertos (por cierto, expertos muy vinculados a
seguros privados) para justificar el nuevo factor de sostenibilidad.
El primero es el aumento de la esperanza de vida, bajo una lógica
aterradora; cuanto más vivan nuestros abuelos, menos cobraremos los
nietos. El segundo motivo es la baja natalidad, lo cual es muy
cuestionable si tenemos en cuenta los flujos migratorios. El tercer
argumento para justificar la reforma es tratar de compensar el baby
boom, fenómeno demográfico
también presente en otros países, pero que la propia norma habla de
un periodo entre 1960 y 1993 (el legislador me incluye a mi también
en el baby boom, es la
primera noticia que tengo de ello).
Por
similares motivos (sin ser tan rocambolescos) se ha modificado el
factor de sostenibilidad en Alemania. Sin embargo en este país se
han introducido factores correctores, pues si la economía va bien se
neutraliza, además de tener en cuenta factores de productividad; en
nuestra reforma nada de ello se prevé. La idea principal que subyace
de la reforma es corresponsabilizar al ciudadano de que “se
preocupe” de su jubilación, ya que en 2040 habrá perdido un 24%
de la pensión que le tocaría con el actual modelo además de otro
21% por la revalorización en los términos que se han establecido;
es la máxima expresión de la destrucción del estado del bienestar.
El
índice exacto para calcular la revalorización deja de ser por el
IPC y se obtiene ahora por una compleja fórmula, con un mínimo del
0,25% y un máximo del IPC+0,5%.
Esta
ley pretende fomentar la planificación de la jubilación haciéndonos
responsable de ella. Es un jugoso negocio para la banca (hoy sólo un
18% tienen planes de pensiones) y su extensión es una bendición
para una banca que prevé que viviremos hasta los 100 años. Otra
alternativa que se plantea es el de trabajar a media jornada mientras
se cobra media pensión, muy en la linea de los famosos minijobs
de Alemania que los están ocupando población en edad de jubilación.
En nuestro país esto ya es una realidad con el Real Decreto Ley
5/2013 que permite cobrar el 50% de la pensión siendo compatible con
un trabajo a tiempo parcial o completo, ya sea en autónomo o por
cuenta ajena (el sector público queda excluido de esta medida).
Esperemos
que no acabemos en un modelo de gestión privada de las pensiones
públicas. El modelo chileno es paradigma de este fracaso, en el que
unas pocas entidades gestoras han tenido que ser intervenidas con
dinero público para garantizar las pensiones. A menudo el ahorro
corriente nos puede dar mejores resultados que un plan de pensiones
preestablecido por el banco.
Otra
consecuencia de esta reforma es la condena a un paro cronificado para
la juventud. El legislador presupone que al joven no le preocupa su
jubilación, pues con la cantidad de paro juvenil que hay en este
país serán muy poquitos los que consigan obtener el número mínimo
de años cotizados para obtener su pensión completa. La consecuencia
es lógica, cuanto más se estire la vida laboral, menos jóvenes
entran en el mercado, estos cotizan menos y en el futuro cobraran
menos pensión.
Por
último quiero destacar otro importante defecto en estas reformas, y
es la ausencia de elementos correctores por razón de género, en el
que las mujeres nuevamente quedan perjudicadas. La brecha salarial
queda acentuada por el modelo productivo del ladrillazo que hemos
tenido durante las dos últimas décadas. Unos datos muy
ilustrativos: si en 1995 la pensión media de los hombres era de
495,93€ y de las mujeres de 308,83€, en 2013 es de 1.067,42€ y
658,88€ respectivamente. Si bien es cierto que la pensión de
viudedad la disfrutan mayoritariamente las mujeres (por la mayor
esperanza de vida de ellas), esto se está revirtiendo, y la solución
debe de llegar por factores de corrección más equitativos que
compensen una desigualdad en la vida laboral y que lamentablemente se
transmite a las pensiones.
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